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29 de noviembre de 2012.- El absentismo escolar reiterado, con sus secuelas de fracaso escolar y abandono prematuro de la enseñanza, suele derivar en la gran mayoría de casos en situaciones de desigualdad, desempleo y marginalidad social. Ante este problema educativo y social, el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Santa Fe, con la colaboración de la Comisión Municipal de Absentismo Escolar, ha sacado adelante una normativa para garantizar la escolarización y combatir el absentismo en los ciclos de educación infantil (de 0 a 6 años) y de enseñanza obligatoria (de 6 a 16 años) de los escolares residentes en Santa Fe y los anejos de Pedro Ruiz y El Jau tanto de centro públicos como privados.

La tasa de absentismo escolar en el municipio de Santa Fe se sitúa en torno al 2,3  por ciento del total de la comunidad escolar que en la actualidad supera los 4.000 alumnos. Aunque a través del trabajo realizado desde los equipos de los servicios sociales comunitarios, se aleja del 3,8 por ciento registrado en el año 2009, la concejala de Bienestar Social, Sonia Raquel Canalejo, es consciente de que “la realidad nos indica que ciertos escolares, sin que tengan que proceder de grupos sociales con una situación económica desfavorecida, acuden de forma irregular a sus centros educativos lo que desemboca en absentismo escolar o abandono prematuro sin haber adquirido la formación necesaria para su incorporación a la vida laboral”.

Aunque de momento su aprobación es inicial y aún tendrá que esperar el plazo de alegaciones hasta su entrada en vigor, la nueva norma pretende reforzar el trabajo en red de los organismos implicados en la prevención y seguimiento del absentismo escolar, recordando por un lado, a las administraciones que el compromiso de todos es el mejor camino para su erradicación y, por otro, a los padres las obligaciones que tienen con sus hijos siendo la educación una de las principales junto a las de la alimentación, higiene y formación integral. Asimismo desde el equipo de gobierno municipal se ha remitido previamente su contenido al Consejo Sectorial de Educación, Cultura y Juventud –en el que están representados docentes, AMPAS, jóvenes escolares, entre otros colectivos- “para abrirla a la participación de los profesionales y ciudadanos que deseen aportar sugerencias”, tal como ha informado el concejal de Participación Ciudadana, Rafael Rodríguez Alconchel.

La nueva ordenanza determina las competencias y funciones que corresponden tanto a los centros educativos y a su profesorado, como al Ayuntamiento, a los servicios sociales y a la policía local. Del mismo modo, hace un llamamiento a la colaboración ciudadana y a las asociaciones de padres y madres para que cuando tengan conocimiento de que un menor se encuentra sin escolarizar o no asiste con regularidad a clase sin motivo justificado, comunique esta situación a los servicios sociales o a los agentes de la policía local, quienes adoptarán las medidas establecidas en la presenta norma.

Entre ellas, destacan el desarrollo de un plan de intervención psicosocial con el alumnado y su familia, la implicación de las autoridades locales en la vigilancia del  cumplimiento del deber de la escolaridad obligatoria, la localización y seguimiento del alumnado que se encuentre fuera del centro escolar en horario lectivo sin autorización y su reingreso en el mismo, y en casos de posible situación de desprotección, el traslado de información a la Fiscalía y al Servicio de Protección de Menores.

Como toda ordenanza, la norma establece distintas infracciones administrativas que recaerán sobre los padres o tutores de los menores clasificadas en leves, graves y muy graves en los casos en los que los responsables no gestionen plaza escolar en la etapa de escolarización obligatoria, no procuren o impidan la asistencia del menor al centro educativo, cuando encubran su no asistencia o no atiendan a los requerimientos de los profesionales y técnicos y se nieguen a colaborar en los iniciativas de actuación indicados por los servicios sociales municipales. Asimismo será objeto de infracción la negligencia de los padres en cuanto a las infracciones que comentar sus hijos en el ámbito educativo, cuando impidan el tratamiento de su problemática social e incluso en casos extremos en los que se llegue a retirar al menor del sistema educativo para obtener algún beneficio.

Para estos casos, la normativa establece sanciones económicas atendiendo al grado de proporcionalidad, intencionalidad, trascendencia social y gravedad de los perjuicios causados al menor. A este punto se llegará una vez agotadas todas las vías de intervención diseñadas por la Comisión Local de Absentismo así por la normativa interna de convivencia escolar de los centros. Las sanciones oscilarán entre los 50 y 300 euros ante una infracción leve, de 300 hasta 600 euros para las graves y hasta los 1.200 euros para las muy graves. Esta recaudación tendrá siempre carácter finalista y será invertida en programas y actividades de prevención, apoyo y refuerzo educativo para los padres, menores y profesionales. No obstante, la nueva ley contempla la posibilidad de que las multas puedan sustituirse por servicios a la comunidad y acciones educativas compensatorias dirigidas tanto a padres como a menores capaces de concienciarles de la necesidad de la escolarización.

Otros aspectos interesantes que guarda la normativa es que en la etapa de educación infantil de 0 a 6 años –no obligatoria- se potenciarán medidas preventivas y formativas para corregir la injusta situación que pueda derivarse de privar de una plaza a otros alumnos del municipio. Además, en los casos en los que se comprueba la existencia de absentismo escolar, los servicios sociales valorarán la suspensión temporal de las ayudas municipales y públicas –incluidas las de Rentas Mínimas de Inserción- a la familia así como la posibilidad de ser beneficiarios de programas y prestaciones desde el ámbito local.